Duro golpe al estado de derecho
Ayer, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, compareció en el Parlamento para explicar las reformas que el ejecutivo socialista va a realizar en el campo de la justicia.
Así entre varias medidas sobre el aborto, el divorcio y los homosexuales, el ministro anunció una que ataca directamente y en la linea de flotación al estado de derecho, y que por cierto no venía reflejado en el programa electoral del PSOE.
Así en cualquier democracia que se precie de serlo, debe haber una separación clara de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo entre el ejecutivo y el poder judicial, algo que se va a cargar de un plumazo el gobierno socialista.
Así López Aguilar anunció que, el Ejecutivo va a sustituir a los jueces de instrucción por fiscales, nombrados directamente por el gobierno y como estos están sometidos a dependencia jerárquica, el ejecutivo podrá controlar la justicia desde las instancias más inferiores. Esta medida blinda al gobierno socialista ante cualquier contingencia judicial (casos de corrupción por ejemplo, algo muy habitual en un gobierno socialista) ya que al controlar los fiscales no se va investigar nada que el ejecutivo no desee ya que estos se convertirán en "directores de la investigación del delito" y ante ellos responderá de la policia. Tampoco López Aguilar tuvo el más mínimo recato es afirmar "Es una ruptura con nuestra tradición centenaria", por lo que supongo que Aguilar querría que le aplaudiésemos.
Con esta medida totalmente franquista, el ejecutivo vuelve al felipismo más rancio, aquel que busca controlar todo aquello que pueda dañar su posición de privilegio, ya sean los medios de comunciación y/o el poder judicial, al que no le importa dinamitar los fundamentos básicos del estado de derecho en su beneficio. Esta medida es típica de un gobierno izquierdil autoritario, que lejos de cumplir los compromisos de regeneración democrática, sólo buca perpetuarse en el poder por todos los medios a su alcance.
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Así entre varias medidas sobre el aborto, el divorcio y los homosexuales, el ministro anunció una que ataca directamente y en la linea de flotación al estado de derecho, y que por cierto no venía reflejado en el programa electoral del PSOE.
Así en cualquier democracia que se precie de serlo, debe haber una separación clara de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sobre todo entre el ejecutivo y el poder judicial, algo que se va a cargar de un plumazo el gobierno socialista.
Así López Aguilar anunció que, el Ejecutivo va a sustituir a los jueces de instrucción por fiscales, nombrados directamente por el gobierno y como estos están sometidos a dependencia jerárquica, el ejecutivo podrá controlar la justicia desde las instancias más inferiores. Esta medida blinda al gobierno socialista ante cualquier contingencia judicial (casos de corrupción por ejemplo, algo muy habitual en un gobierno socialista) ya que al controlar los fiscales no se va investigar nada que el ejecutivo no desee ya que estos se convertirán en "directores de la investigación del delito" y ante ellos responderá de la policia. Tampoco López Aguilar tuvo el más mínimo recato es afirmar "Es una ruptura con nuestra tradición centenaria", por lo que supongo que Aguilar querría que le aplaudiésemos.
Con esta medida totalmente franquista, el ejecutivo vuelve al felipismo más rancio, aquel que busca controlar todo aquello que pueda dañar su posición de privilegio, ya sean los medios de comunciación y/o el poder judicial, al que no le importa dinamitar los fundamentos básicos del estado de derecho en su beneficio. Esta medida es típica de un gobierno izquierdil autoritario, que lejos de cumplir los compromisos de regeneración democrática, sólo buca perpetuarse en el poder por todos los medios a su alcance.
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4 comentarios
ashitaka -
luis -
Es tan vergonzoso el control del ejecutivo sobre el judicial ahora, como cuando se nombró al señor Cardenal, o a Jiménez de Parga, o a Leopoldo Torres, ...
ashitaka -
luis -
Ésto es radicalmente falso aunque te lo enseñaran así en el insti.
Desde Montesquieu no ha existido una real separación de poderes ya que todos los poderes están relacionados entre sí.
Por ejemplo, ¿quién dice la Constitución que nombre a los miembros del Tribunal Constitucional?
Sus doce miembros son nombrados por el rey, cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del gobierno y 2 a propuesta del CGPJ.
¿Y España no es 'una democracia que se precie de serlo'?